Los inspectores de Hacienda apuestan por 'incentivar' a los confidentes por desvelar fraudes
Evadir impuestos en España es muy fácil. Apenas hace falta mucho dinero sin declarar y un corresponsal de una filial de entidad financiera establecida en un paraíso fiscal.
Le llamas, le das el dinero, y él lo ingresa (de forma legal) en una
sucursal de tu banco localizada en un lugar opaco a la Hacienda
española. A partir de entonces, para disponer de ese dinero se puede
usar una simple tarjeta de crédito sin nombre. O más fácil: el propio
banco te da un préstamo equivalente a la cantidad ingresada. Todo
aparentemente legal, pero el contribuyente no paga lo que le toca.
Los inspectores de Hacienda españoles apuestan por incentivar la aparición de más listas Falciani en la que se delaten a los grandes defraudadores fiscales. Tanto es así que apuestan por regular el pago
a confidentes (por medio de un fondo especialmente destinado para ello
en la Agencia Tributaria) que aporten informaciones confidenciales que afloren o supongan la "recuperación de cuotas defraudadas", tal como ha explicado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), durante la celebración de los XIII Encuentros Tributarios 2013.
Este particular espionaje tributario no es un nuevo invento.
Prácticas como esta ya están permitidas en países de nuestro entorno: Alemania pagó 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein para que le suministrara
la información de cientos de evasores de impuestos alemanes. Este uso
de la inteligencia se ampliaría con la posibilidad de que los
inspectores actuaran de incógnito. Actualmente la ley les obliga a
identificarse previamente.
Batería de medidas antifraude
Los responsables de la inspección tributaria, a la vista del grave problema de recaudación que sufre España durante esta crisis económica, han propuesto una batería de medidas para combatir el fraude
(la economía sumergida representa alrededor del 20% del PIB, según
diversos estudios) y los paraísos fiscales. Los inspectores proponen,
por un lado, llegar a grandes acuerdos internacionales que, por ejemplo, ratifiquen el fin del secreto bancario acordado ya en 2009.
También en el ámbito exterior, los inspectores de Hacienda piden al Gobierno que presione para que Reino Unido reconsidere el acuerdo bilateral que mantiene con Suiza,
y que permite mantener a este último el secreto bancario a cambio de
pagar una determinada cantidad anual. Otra idea va encaminada a
"generalizar los sistemas de intercambio de información"; es decir, que los traslados de datos sobre contribuyentes se hagan de forma automática y no por medio de peticiones puntuales concretas, como hasta ahora.
La IHE cree que también se podría perseguir a los grandes
defraudadores si se obligara a las grandes multinacionales a "la
rendición anual de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales". ¿Cómo afectaría esta medida a las empresas españolas? Como muestra un dato: de las 35 mayores compañías del Ibex, 33 operan en países opacos para la Hacienda española, tal como concluye el informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
Las grandes empresas y los bancos, debido a su mayor facilidad de
acogerse a una baja tributación (gozan de equipos jurídicos
especializados en encontrar todo tipo de deducciones fiscales), son un
foco de atención preferente para los inspectores. Así, reclaman una
normativa para todo el ámbito europeo que obligue a las entidades
financieras a "proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales".
Los expertos en materia tributaria son claros: no se trata tanto de que desaparezcan los paraísos fiscales, sino de que compartan la información con el resto de países.
Todos aquellos que no colaboren o lo hagan de forma deficiente,
deberían ser incluídos en un listado internacional de territorios "no
cooperantes". Y es que estados conocidos por su secretismo bancario,
como Andorra, han "hecho trampas" para poder salir de las listas
elaboradas por la OCDE: firmaron el número mínimo obligatorio (en algunos casos con otros países pequeños) para salir de las mismas.